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La responsabilidad de los auditores: Una profesión de alto riesgo

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09-02-2017

No son pocas las ocasiones en las que en el sector de la auditoría, se comenta que la profesión de auditor debiera calificarse como de “alto riesgo” por estar expuesta a responsabilidad de todo tipo: administrativa, civil y penal. “Es una profesión de valientes” comentan con más resignación que orgullo.

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas dice en su artículo 26.1 que “ los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría responderán por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones según las reglas generales del Código Civil, con las particularidades establecidas en el citado artículo”, siendo el citado precepto la base de la responsabilidad civil de los auditores en el ejercicio de su labor.

En este sentido, la responsabilidad civil de los auditores puede, a su vez, ser de dos tipos: contractual y extracontractual.

La contractual pivota en torno a las obligaciones legales asumidas por el auditor a través del contrato de prestación de servicios, y centra su ámbito de actuación a las partes firmantes del citado contrato. En cambio, la responsabilidad civil extracontractual, subyace del incumplimiento de las normas que constituyen la lex artis de la auditoría, se basa en el interés general de que goza la auditoría1 y se hace exigible frente a terceros con quienes el auditor no tiene relación contractual alguna (accionistas, inversores, financiadores, etc).

Para la apreciación de este régimen de responsabilidad civil, tanto la ley como la jurisprudencia exigen la concurrencia de una serie de requisitos cumulativos que podemos resumir en los siguientes: (i) una actuación antijurídica activa o pasiva, por parte del auditor en el marco de la relación contractual de auditoría que le une con la sociedad auditada; (ii) que esta conducta del auditor sea culpable, por haber actuado con dolo o culpa2 constituida por el “incumplimiento de sus obligaciones” que presentan un aspecto técnico (lex artis); (iii) un perjuicio o daño a la sociedad auditada (o a tercero); no es suficiente el incumplimiento de sus obligaciones o la comisión de una conducta tipificada como ilícita por las normas penales o administrativas, si la misma no va acompañada de un daño, y por último, (iv) una relación de causalidad entre el daño o perjuicio sufrido por la sociedad auditada (o el tercero) y la conducta antijurídica del auditor.

De entre todos estos requisitos, quisiéramos destacar la relevancia, desde el punto de vista del auditor, del elemento culpabilístico y de la relación de causalidad, pues son los dos elementos sobre los que existe mas discrepancia en la jurisprudencia y aquellos que resultan de más difícil acreditación para los demandantes. No es de extrañar, por lo tanto, que la estrategia defensiva de los auditores gire, en la mayoría de los casos, sobre la inexistencia de ambos factores.

Además, y desde un punto de vista eminentemente práctico, la jurisprudencia también consagra la relevancia de “la concurrencia de culpas” entre el auditor y el perjudicado o, entre el auditor y un tercero, que conllevará la reducción de la responsabilidad civil del auditor en proporción a su peso en la causación del daño. Es por eso necesario, que la defensa del auditor, además, de analizar la concurrencia o no de los requisitos para declarar la responsabilidad civil del mismo, estudie casuísticamente la actuación de los sujetos intervinientes en la auditoría (ya sea esa participación activa o pasiva).

Aun así, cabe señalar que la finalidad de la auditoría no es descubrir fraudes, sino ponerlos de relieve cuando ello sea razonablemente posible a través de una adecuada labor técnica de comprobación de los datos que conformen la situación real de la empresa3 siendo, pues de aplicación la máxima de los tribunales ingleses “El auditor es un perro guardián, pero no un perro de presa4

En palabras del Alto Tribunal, no cabe hacer automáticamente responsable al auditor por no detectar todos los errores o fraudes que puedan haber cometido los administradores, directivos o personal de la entidad auditada, sino sólo de aquellos que con una correcta ejecución de su actuación profesional, debieran haber descubierto.

En cualquier caso y junto con la citada responsabilidad civil, destaca también la responsabilidad administrativa y la penal de los auditores.

En cuanto a la responsabilidad administrativa, es el ICAC, asumiendo las labores de regulador y supervisor de las actuaciones profesionales de los auditores, quien goza de facultades disciplinarias que, previa incoación del correspondiente expediente disciplinario, pueden dar lugar a la imposición de una sanción al auditor y firma auditora e incluso, en los casos más graves, a su inhabilitación profesional. La realidad demuestra que, pocos auditores salen de este expediente sin sanción alguna, debido al especial rigor con que el ICAC contempla la aplicación de las normas técnicas de la auditoría. Para colmo, resulta que, en numerosas ocasiones, dicha resolución administrativa sancionadora es luego utilizada como arma para reclamar una posible responsabilidad civil.

Por último, y pese a no estar regulada específicamente en el Código Penal, existe también la posibilidad de que se plantee la responsabilidad penal de los auditores, siendo aplicable la normativa y doctrina general de los delitos económicos, si bien, salvo en casos grotescos, no suele ser la vía de reproche más común.

Por todo ello, podemos concluir que la profesión de auditor puede ser catalogada como de “alto riesgo”, aunque existen remedios legales y procesales que deben ser puestos en práctica para defenderse conveniente frente a los posibles ataques.


  1. Artículo 26.2 LAC “A estos efectos, se entenderá por tercero cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que acredite que actuó o dejó de actuar tomando en consideración el informe de auditoría, siendo éste elemento esencial y apropiado para formar su consentimiento, motivar su actuación o tomar su decisión”.
  2. La responsabilidad es, pues, subjetiva: no es una responsabilidad objetiva a la que baste la causación de un daño, no siendo tampoco aplicable la teoría de la responsabilidad por riesgo. SAP de Madrid (Sección 28º) núm.119 de 13 de mayo de 2008.
  3. SAP Barcelona (Sala de lo Civil Sección 16ª) núm. 31 de julio del año 2000 [Rec. 1384/1998].
  4. “The auditor is a watchdog not a bloodhound”, Lord Justice Lopez en la Sentencia de la Corte de Apelación del Caso Kingston Cotton Mill. Co., 1896.

 

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